"En varias ocasiones, a las Psicólogas y Psicólogos se nos ha intentado alejar de la atención en salud mental por quienes la consideran que es de su propiedad. Ante ello, ha sido nuestra firme convicción del derecho que tienen las personas a recibir una asistencia psicológica de calidad, lo que nos lleva a no aceptar que el interés de unos pocos se imponga a los derechos de la mayoría; veamos un ejemplo."
Como explica el Psicólogo de la Universidad de Melbourne, R. D. Buchanan (2003), en la década de 1950 a 60 en EEUU la Asociación Americana de Medicina y la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) mantenían una posición de guerra abierta contra los psicólogos.
En esos años la APA había retirado el DSM-I y tenía a la venta el DSM-II, donde se sugería el origen psicológico de numerosos trastornos mentales, lo cual estaba en concordancia con el procedimiento terapéutico de mayor uso por parte de los psiquiatras estadounidenses, que era el psicoanálisis.
Esto coincidió con avances notables de la Psicología, que además de desarrollar instrumentos de evaluación, empezó a estructurar intervenciones terapéuticas que pronto demostraron una notable utilidad, numerosos Psicólogos comienzan a tratar a personas con alteraciones mentales obteniendo buenos resultados y gran aceptación por parte de la población. Clínicas, compañías de seguros y demás entidades de gestión de servicios sanitarios empiezan a contar con Psicólogos.
Al tiempo se observa el “ceño cada vez más fruncido” de médicos y psiquiatras; este indisimulado enfado los llevó a buscar cómo anular profesionalmente a los Psicólogos y para ello usaron viejas normas legales, que estaban en vigor para otros supuestos.
La Asociación Americana de Medicina y la APA se unieron en base a esas viejas normas legales para lograr que se prohibiera que los Psicólogos atendieran a personas con alteraciones mentales y lo lograron en varios estados.
Ante esto, los Psicólogos lucharon estado por estado por el reconocimiento legal de sus competencias profesionales; además recibieron ofrecimientos envenenados que no aceptaron, como poder ejercer si lo hacían bajo la supervisión de un psiquiatra o si habían cursado el doctorado, lo cual suponía un coste sólo asumible para una pequeña parte de Psicólogos.
En este escenario, se dio la triste y lamentable circunstancia de oírse voces de Psicólogos apoyando que se anulara el ejercicio de su propia profesión (es la condición humana; ¿qué os voy a contar que no sepáis?).
Afortunadamente la mayoría de los Psicólogos reivindicaron estado por estado el reconocimiento legal de su competencias profesionales y unidos lo lograron.
La historia se repite a uno y al otro lado del Atlántico, y ahora los Psicólogos españoles se ven en la necesidad de luchar por el reconocimiento de sus competencias profesionales y poder intervenir con las numerosas personas que precisan de atención psicológica.
Y el camino empieza, en primer lugar, por reivindicar la regulación legal de la Psicología (como establece la Constitución Española) y en base a las competencias profesionales asignadas requerir el reconocimiento de la Psicología como profesión sanitaria.
Ahora nos toca a los Psicólogos luchar por nuestra profesión y a favor de nuestra la carrera profesional, siguiendo el exitoso ejemplo de los colegas estadounidenses.
A la vista está: si tú no lo haces, nadie lo va a hacer
Buchanan, R. D. (2003). Legislative warriors: American psychiatrists, psychologists, and competing claims over psychotherapy in the 1950s. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 39(3): 225-249.
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